El Ministerio Público presentó su requerimiento acusatorio contra defensores ambientales de Cotabambas por las manifestaciones de septiembre de 2015, según reportó el portal Observatorio de Conflictos Mineros. La fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho solicitó penas que van de 6 a 12 años de prisión por presuntos delitos de disturbios y tenencia o fabricación ilegal de armas de fuego. La acusación detalla que los choques entre policías y manifestantes ocurrieron el 28 de septiembre de ese año en el acceso al campamento minero en la zona de Manantiales.
Por qué importa
El caso reactiva un proceso judicial de larga data en Apurímac tras protestas que dejaron tres fallecidos y varios heridos. La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Javier Mamani Coaquira, 10 años para Edward Brandon Quispe Cuno y 6 años para otros imputados, además de una reparación civil solidaria de 3 mil soles a favor del Ministerio del Interior. En tanto, la Procuraduría Pública planteó 100 mil soles de reparación civil por presunta banda criminal, mientras los procesados recuerdan que llevan más de once años bajo investigación judicial.
Quién está detrás
El proceso legal está vinculado al conflicto con la unidad minera Las Bambas, cuya representante legal intervino en la audiencia para precisar su condición como actor civil ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas.
